Fascículo Nº 9

La Política y la Elite Cafetalera en la Década de Mora Porras

1849-1859

 

Carmen María Fallas Santana

 

Introducción

 

El nombre de Juan Rafael Mora Porras siempre viene a la mente cuando los costarricenses evocan la memoria de los personajes políticos más destacados del país en el siglo diecinueve, Mora es recordado como el presidente que escribió una página muy importante en la historia de Costa Rica, y de Centroamérica, cuando asumió el liderazgo en la guerra que derrotó a las tropas filibusteras estadounidenses jefeadas por William Walker en Nicaragua en 1.856 y 1.857. Mora es elogiado como el padre de la patria cuya decisión firme de luchar por conservar la independencia de Costa Rica ejerció un papel decisivo en la consolidación de la soberanía nacional.

 

Las narraciones épicas de esa guerra han llevado a la idealización de la figura de Mora y a presentarlo a las generaciones posteriores como un héroe y, a causa de su fusilamiento en 1.860, como un mártir. (Véase: Castro, 1.955; Junta Patriótica, 1.915 y Echeverría Loría, 1.956) Al exaltarse la faceta heroica de Mora se le ha aislado del contexto social, económico, y político en el que se desenvolvió. En el esfuerzo por destacar las acciones de Mora como el defensor de la independencia del país en un momento crítico de su historia, se ha dejado sin analizar el hecho que la década de 1.850 constituyó un período muy importante también desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura del Estado nacional costarricense.

 

La administración de Mora, en efecto, continuó la labor iniciada en ese campo por Braulio Carrillo en la década de 1.840, y se caracterizó por logros significativos en la centralización del poder, la reorganización de las fuentes de ingresos del gobierno, el fortalecimiento del aparato militar y el desarrollo de las instituciones políticas y jurídicas. Estos logros constituyeron un eslabón muy importante en la cadena de esfuerzos realizados por la elite de agricultores y comerciantes en el poder, por transformar el Estado en un agente fundamental para el desarrollo de una agricultura de exportación basada en el cultivo del café y para consolidar su posición como clase dirigente.

 

Además de su contribución a la consolidación del Estado nacional los años de gobierno de Mora constituyen un excelente estudio de caso para establecer los principios que rigieron las relaciones entre los individuos que controlaron el poder en Costa Rica en la segunda mitad del siglo diecinueve. Si bien Mora no fue el único presidente derrocado en el siglo pasado, su trágica muerte frente a un pelotón de fusilamiento cuando intentaba retomar el poder, sí constituyó una excepción en la forma como la elite cafetalera y comerciante resolvió sus conflictos internos.

 

El derrocamiento y fusilamiento de Mora han sido explicados como una reacción de la elite cafetalera y comerciante frente su intención de perpetuarse en el poder. Se ha afirmado que la participación destacada de Mora en la guerra contra WilliamWalker tuvo un efecto negativo sobre su personalidad. Según ese punto de vista, la derrota de Walker llevó a Mora a considerarse como la única persona capaz de conservar la independencia de Costa Rica. La creciente arbitrariedad y autoritarismo con los que Mora manejó los asuntos públicos en los últimos años de su administración han sido interpretados como una manifestación de su determinación de permanecer en el gobierno por cualquier medio para cumplir con lo que él creía que era su misión política.

 

Mora, sin duda, mostró una tendencia creciente hacia la monopolización del poder político por medios arbitrarios después de las victoriosas campañas militares contra Walker. No obstante, si se analiza con detenimiento la conducta política de Mora se hace evidente que a lo largo de todos sus años en la presidencia usó mano de hierro para manejar los asuntos públicos. Con mucha frecuencia durante la década de 1.850 la forma enérgica de Mora de abordar los asuntos del gobierno fue más allá de los límites impuestos por los principios constitucionales y cayó en el terreno de la arbitrariedad e ilegalidad. Muestra de ello fue el decreto de enero de 1.852 mediante el cual Mora disolvió del Congreso para eliminar la oposición que presentaban varios diputados a algunas de sus Políticas. Cabe destacar que esa práctica de disolver el Congreso no fue de modo alguno exclusiva del presidente Mora, puesto que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, otros gobernantes también recurrieron a ella para eliminar los controles que el poder legislativo podía ejercer sobre el ejecutivo. Lo que es importante destacar es que la elite de cafetaleros y comerciantes en los casi diez años que Mora estuvo en el gobierno no puso mayores objeciones a su conducta política.

 

Al parecer, el tener un carácter fuerte, con inclinaciones al autoritarismo, lejos de descalificar a Mora como posible líder político, le hizo acreedor del apoyo del resto de la elite cafetalera y comerciante. En efecto, un carácter fuerte y pragmático combinado con compresión clara que Mora, como cafetalero y comerciante que era, tenía de las medidas que era necesario poner en práctica para impulsar el crecimiento del sector exportador e importador, hicieron a Mora el candidato ideal para suceder a José María Castro Madriz en la presidencia en 1.849. La combinación de esos elementos creo una fórmula que sentó las bases para un consenso político dentro de la elite de cafetaleros y comerciantes que hizo a la administración de Mora uno de los períodos más estables en el siglo diecinueve.

 

2. La Centralización de la Autoridad del Estado

 

Los logros importantes en el desarrollo de las instituciones políticas y económicas de Costa Rica que se dieron durante la década de 1.850 fueron el resultado de esa fórmula política que llevó a la elite a apoyar decididamente las principales medidas puestas en práctica por Mora. Este apoyo se manifestó en la elección de Mora para un segundo período presidencial en abril de 1.853.

 

El carácter fuerte de Mora y su pragmatismo sirvieron muy bien a los intereses de la elite en un momento histórico en el cual el uso de la fuerza fue fundamental para preparar el terreno para la consolidación de la autoridad del Estado nacional. Mora, a diferencia de su predecesor José María Castro, no titubeó en usar mano de hierro cuando las circunstancias así lo exigieron, o en violar la constitución si esa era la forma más rápida de alcanzar una meta. En comparación con otros países latinoamericanos, la historia política de Costa Rica en el siglo diecinueve es notable por la ausencia de largas y sangrientas guerras civiles y de gran cantidad de conflictos político-militares. No obstante, en la década de 1.840 el derrocamiento de Braulio Carrillo, la invasión del general hondureño Francisco Morazán y los constantes rumores e intentos de levantamientos armados durante el gobierno de José María Castro, revelaron que al igual que en otros países, durante la etapa de formación del Estado nacional, el poder ejecutivo estuvo a merced de conflictos regionales, ambiciones personales y rivalidades políticas. Por esa razón, el fortalecimiento del poder ejecutivo se convirtió en una tarea prioritaria.

 

La firme incorporación al mercado mundial en la segunda mitad del siglo diecinueve aceleró el proceso de consolidación del Estado nacional en América Latina. En las etapas tempranas de este proceso el Estado hizo sentir su presencia principalmente como un instrumento de represión y de control social encargado de eliminar los obstáculos que estuvieran entorpeciendo el desarrollo de las nuevas oportunidades económicas abiertas por los mercados extranjeros. (Oszlack, 1.981: 19-21). La creciente preponderancia que tuvieron las instituciones destinadas a fortalecer y legitimar el poder central durante el gobierno de Mora ubican su administración dentro, de la etapa temprana del proceso de consolidación del Estado nacional.

 

Mora desde el momento en que asumió la presidencia en diciembre de 1.849, puso énfasis en que la creación y conservación de la estabilidad política serían las prioridades de su gobierno. La fórmula positivista de "Orden y Progreso" fue citada frecuentemente en los mensajes anuales al Congreso. El presidente Mora señaló en esos discursos que las exportaciones de café iban en aumento y que se estaban convirtiendo en la médula de la economía nacional al mismo tiempo que estaban desatando un flujo continuo de progreso material. Mora enfatizó que el orden era condición sine qua non para el progreso y para que Costa Rica se transformara en un país "civilizado" como las naciones europeas y los Estados Unidos.

 

2.1. La Reorganización del Ejercito

 

Las primeras medidas adoptadas por Mora para crear las condiciones para mantener el orden incluyeron reformas importantes en la organización del ejército. Mora declaró que la inestabilidad de los años anteriores se debió en gran medida al aflojamiento de los lazos de disciplina y orden entre los oficiales militares. Esa situación, según Mora, había transformado el ejército en un instrumento de las facciones que promovían divisiones y conflictos regionales y en una constante amenaza para el hombre que ocupaba la presidencia en lugar de ser la columna vertebral de su autoridad. En consecuencia, Mora dijo estar decidido a eliminar esos elementos que habían alterado las funciones del ejército ya transformarlo en un cuerpo subordinado y obediente. (ANCR, Congreso 5310)

 

La existencia de un solo cuartel en San José, el Cuartel Principal, fue señalada como una de las causas del debilitamiento de la lealtad de los oficiales del ejército hacia el gobierno. Esta situación convirtió al comandante de ese cuartel en una persona muy influyente y con suficiente poder para actuar independientemente y, con frecuencia en contra de las órdenes del presidente. Por lo tanto, Mora estableció un segundo cuartel en San José en abril de 1.850 para reducir el poder del comandante del Cuartel Principal que en ese tiempo era José Manuel Quirós. Mora ordenó que todos los cañones con excepción de uno, todos los rifles y las municiones fueran trasladados del cuartel existente al nuevo llamado Cuartel de Artillería. Quirós y algunos de sus oficiales resintieron esa medida la cual era una clara indicación de la falta de confianza de Mora respecto de la lealtad y apoyo de ellos a su gobierno. El descontento de Quirós lo llevó a plantear una serie de demandas a Mora e incluso a amenazarlo con darle un golpe de estado. Mora respondió a esas amenazas con una orden para destituir a Quirós ya otros oficiales de sus cargos militares. El conflicto con Quirós, sin embargo, no terminó allí porque el comandante depuesto organizó una revuelta a principios de junio de 1.850. Pero ese movimiento fracasó y Quirós y sus seguidores fueron apresados y enviados al exilio. Esta medida resolvió definitivamente el problema y Mora adquirió el control absoluto sobre los cuarteles. Mora le confió el puesto de comandante en jefe de San José a su cuñado José María Cañas y posteriormente a su hermano José Joaquín Mora. (Obregón Loría, 1.981: 98)

 

La reorganización de los cuarteles fue seguida por medidas orientadas a hacer del ejército un cuerpo bien entrenado y bien equipado. El ejército costarricense a mediados del siglo diecinueve seguía aún organizado bajo el sistema español de milicias. Solo un pequeño grupo de hombres servía en lo que se llamaba la fuerza permanente. El resto de la fuerza militar estaba constituida por civiles que periódicamente tomaban parte en ejercicios de entrenamiento pero que solo en caso de una emergencia eran llamados a servicio para reforzar la fuerza permanente. (Umaña, 1.978: 34-51) A principios de 1.850 había aproximadamente 5.600 hombres en las milicias y Mora intentó aumentar su número a 9.000. No obstante, solamente logró aumentarlas a 7.500 hombres durante su administración. Asimismo, Mora emitió nuevos reglamentos para estas milicias en diciembre de 1.850 que estaban orientados a transformarlas de un grupo de campesinos descalzos con muy poca noción de la disciplina marcial en un cuerpo armado más profesional. El establecimiento de una escuela militar en San José en 1.852 bajo la supervisión de Fernando Salisch, un militar alemán retirado, para entrenar las milicias constituyó un ejemplo de los esfuerzos de Mora por fortalecer las fuerzas armadas. (Fallas, 1.982: 37-58)

 

El ejército costarricense en la década de 1.850, sin embargo, fue fortalecido principalmente por medio de la compra de cantidades importantes de armamentos y municiones. Los informes anuales del Ministro de Hacienda y Guerra al Congreso a lo largo de esta década señalaban que el gobierno estaba comprando armas para modernizar así como para aumentar los arsenales. En efecto, sumas importantes de dinero fueron invertidas en esas compras de armas en Inglaterra. El precio total de esas compras en 1.854, por ejemplo, ascendió a 4 712 libras esterlinas. Esta compra incluyó dos cañones y otro equipo de artillería, 500 rifles Minie con bayonetas, 300 barriles de pólvora y 50 barriles de balas y otros tipos de municiones. (ANCR, Relaciones Exteriores, Caja 26)

 

La importación de esas grandes cantidades de armas en la primera mitad de la década de 1.850 fue justificada por la administración Mora como fundamental para el mantenimiento de la estabilidad política recién restablecida gracias a la eliminación de los elementos que habían sido la fuente de intranquilidad en el pasado. El Ministro de Hacienda y Guerra, Manuel José Carazo, en efecto, explicó que el gobierno estaba aprovechando el clima de estabilidad política para poner en práctica el bien conocido principio Si vispacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. (ANCR, Congreso 7 483) Después de la Campaña Nacional las políticas orientadas a fortalecer aún más el ejército fueron justificadas como esenciales para la defensa de las fronteras nacionales contra una posible agresión extranjera y para la protección contra cualquier otra amenaza a la estabilidad del país. La prioridad asignada a lo militar durante el gobierno de Mora se evidencia en los registros de las sumas del presupuesto nacional que fueron destinadas a las fuerzas armadas durante la década de 1.850. El ejército consumió la mayor cantidad de los ingresos del gobierno con excepción del dinero destinado a pagar los salarios de los empleados públicos.

 

2.2. El Aumento de las Rentas Públicas: La Creación de la Fábrica de Licores

 

El fortalecimiento del ejército durante los años cincuenta del siglo pasado, junto con otros proyectos encaminados a desarrollo de las instituciones del Estado, impuso una carga financiera considerable que exigió una reorganización de las fuentes de ingresos públicos. A mediados del siglo diecinueve el grueso de las rentas públicas estaba constituido por los ingresos generados por los monopolios gubernamentales de licores y tabaco. La determinación de la elite cafetalera y comerciante de evitar el cobro de impuestos directos sobre las propiedades o las rentas la llevaron a mantener y reforzar estos monopolios que habían sido establecidos por las autoridades españolas durante el período colonial. Esto a pesar de haber adoptado el ideario liberal que condenaba los monopolios como obstáculos para el crecimiento económico.

 

El más lucrativo de estos dos monopolios era el de la venta de licores. Por consiguiente, Mora puso en práctica una serie de medidas para reorganizar y hacer aún más productivo ese monopolio. Hasta 1850 el gobierno había autorizado la destilación de licores de caña de azúcar en las casas y haciendas a aquellas personas que pagaran un derecho para hacerlo. Estas personas adquirían el derecho para destilar licores con la condición de que posteriormente vendieran su producción al gobierno porque la venta de aguardiente al por menor estaba exclusivamente en sus manos. La existencia de numerosas destilerías ilegales y la renuencia de algunos individuos para vender su producción de licor al gobierno hizo necesario contratar inspectores y otros funcionarios para hacer cumplir las leyes referentes al monopolio. A la larga esta situación generó más gastos al tesoro público que los resultados esperados y el problema de la destilación clandestina continuo sin resolverse.

 

Por lo tanto, en julio de 1.850 Mora emitió un decreto prohibiendo toda destilación privada y estableciendo la fábrica nacional de licores que sería administrada por un contratista. Este contratista privado vendería toda la producción de licores al gobierno puesto que el decreto de Mora no eliminó sus privilegios como expendedor exclusivo de bebidas alcohólicas. Esta reorganización del monopolio de licores entró en vigencia en enero de 1.851 y en parte estuvo orientada a eliminar el costo de pagar funcionarios para vigilar las destilerías ilegales. Además, e igualmente importante, los nuevos reglamentos buscaron también aumentar la cantidad de los licores producidos y la calidad de ellos por medio de la introducción de alambiques mejores y de procedimientos más higiénicos en la elaboración de las bebidas alcohólicas. (ANCR, Congreso 5233; Nuñez, 1.941; Chavarría, 1.951: 7-12).

 

La creación de la fábrica de licores administrada por un contratista privado demostró ser una medida muy efectiva desde el punto de vista del aumento de las rentas públicas derivadas de la venta de licores. Los informes anuales del Ministro de Hacienda al Congreso enfatizaron que las rentas públicas habían crecido sostenidamente desde el establecimiento de la fábrica de licores. El ministro declaró que la nueva destilería, ciertamente, había reducido los costos y aumentado la producción de licores. El aumento importante en las rentas públicas derivado de las ventas de licores es mostrado en la Tabla I.

 

TABLA I

Rentas de la Fábrica de Licores

1850-1860

En pesos

Año	Renta de licores	Total de rentas del gobierno	Porcentaje del total de las rentas
1850	42.150	193.522	21,4%
1851	55.601	229.406	24,2%
1852	72.702	272.623	26,6%
1853	74.993	485.957	15,4%
1854	103.312	360.172	28,6%
1855	110.100	490.097	22,4%
1856	72.305	506.920	14,2%
1857	181.182	655.028	27,6%
1858	178.225	615.923	28,9%
1859	---	---	---
1860	111.868	400.000	27,9%

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica. Congreso No. 5233, 7873, 7483, 5097, 5198, 5934, 7018.

 

Mora, el Ministro de Hacienda, Manuel José Carazo y el Ministro del Interior, Joaquín Bernardo Calvo, señalaron orgullosamente en sus informes anuales al Congreso en la primera mitad de la década de 1.850 que la puesta en práctica de los puntos principales del programa de gobierno había dado comienzo sobre una base muy firme gracias a que las ganancias provenientes de la industria de licores habían hecho prosperar al tesoro público. Durante los seis primeros años de la administración de Mora, ciertamente el tesoro público fue solvente. En efecto, Costa Rica en ese tiempo no tenía deuda externa ni pesaba ninguna otra carga importante sobre las finanzas nacionales que pudiera quitar recursos al gobierno. Por lo tanto, si bien los fondos del tesoro público no fueron ilimitados si fueron suficientes para cubrir los gastos básicos del gobierno y también para financiar las políticas de fortalecimiento del ejército, el mejoramiento del camino a Puntarenas y otros proyectos relacionados con el desarrollo de la agricultura de exportación.

 

2.3 El Fortalecimiento del Poder Ejecutivo

 

La solvencia del tesoro público durante la primera mitad de la década de 1.850 fue decisiva también para la consecusión de las metas colectivas de los cafetaleros y comerciantes como elite dirigente y las metas personales de Mora sin que se produjeran serios conflictos de intereses como los que se presentaron posteriormente. Ese es un hecho muy importante para comprender la política del período. El análisis de los protocolos de las décadas de 1.840 y 1.850 permite corroborar la afirmación de sus contemporáneos, de que la ambición política de Mora fue impulsada de manera importante por un revés temporal en sus negocios de exportación e importación. Las dificultades económicas de Mora, y posiblemente de otros prominentes agricultores y comerciantes, se originaron en la caída del precio del café en Europa en 1.848, la cual redujo considerablemente las ganancias por concepto de venta del grano en el exterior. La reducción en las ganancias creó un déficit en las transacciones comerciales de Mora que le impidió cumplir con los compromisos financieros con sus acreedores en el extranjero, principalmente en Chile.

 

El asumir la presidencia representó para Mora una oportunidad para salir adelante con sus problemas financieros haciendo uso de los fondos del tesoro público. Esa conducta no fue la excepción a la regla porque, ciertamente, antes de que las exportaciones de café crearan una sólida infraestructura financiera, como por ejemplo los bancos, que aportara el capital para invertir en actividades productivas, el tesoro público fue el principal proveedor de recursos monetarios para la elite. Durante las primeras décadas del desarrollo de la agricultura de exportación los principales miembros de la elite dependieron en forma importante de las ganancias adicionales que obtuvieron de los contratos para abastecer al gobierno de caña de azúcar para la destilación de licores y de tabaco para la venta al detalle, de las concesiones para explotar recursos naturales tales como bosques y de adelantos en dinero en efectivo para trabajar en sus empresas mineras. Asimismo, usaron sus influencias políticas para desviar fondos públicos hacia sus arcas privadas.

 

En el caso de Mora algunas de las medidas y disposiciones que acompañaron sus esfuerzos por fortalecer el poder ejecutivo indican que por medio de ellas le fue posible desviar sumas considerables de dinero del tesoro público para su uso personal. El fortalecimiento del poder ejecutivo que se dio paralelamente a la consolidación del ejército, como en la mayor parte de América Latina, fue un proceso que combinó la ampliación de las facultades del presidente con medidas que buscaron inculcar la aceptación y el respeto a su autoridad. Este esfuerzo por infundir respeto por las supremas autoridades se manifestó en la construcción del Palacio Nacional, un suntuoso edificio que fue terminado en 1.855, para albergar las oficinas del presidente, las de los dos ministros, así como el Congreso. Ese empeño se manifestó también en la idea de que los funcionarios debían estar bien remunerados para desempeñar sus deberes con dignidad. (ANCR, Congreso 7901) El énfasis puesto en la necesidad de aumentar los salarios de los funcionarios públicos como una forma de realzar su autoridad constituyó un antecedente muy apropiado para que el Congreso aprobara sumas considerables de dinero para Mora en la forma de gastos extraordinarios.

 

Los miembros del Congreso durante este período desempeñaron un papel importante en la malversación de los fondos públicos porque ellos la cubrieron con un manto de legalidad al apoyar activamente una serie mociones par aumentar el salario de Mora y dotarlo con un estipendio para gastos extraordinarios. En efecto, en junio de 1.852, el representante Lucas Alvarado hizo notar en el Congreso que el salario del presidente, que era entonces de 3.000 pesos anules, no había sido modificado desde 1.841 cuando se aumentaron los salarios de los otros funcionarios públicos. El comentario de Alvarado dio origen a una moción para dotar a Mora con un estipendio especial para compensarlo "por los esfuerzos constantes que había hecho para sacar al tesoro público del ruinoso estado en que se encontraba cuando él asumió el poder" (ANCR, Congreso 1 048) Esta moción señalaba que gracias a las acciones decisivas de Mora el tesoro había adquirido un nivel de prosperidad no conocido hasta entonces. También enfatizaba que la administración Mora había tenido efectos muy beneficiosos sobre el país. Asimismo, la moción apuntaba que Mora había salvado a Costa Rica de caer en la anarquía y el desorden y que había colocado al país dentro del grupo de naciones estables políticamente. (ANCR, Congreso 1 048)

 

Esta moción, que le atribuía a Mora la prosperidad económica que era en realidad consecuencia de la expansión de las exportaciones de café, contenía un comentario que sugiere que su propósito era diferente al expresado. Ese comentario apuntaba que el desempeño de las funciones públicas de Mora le había obligado a descuidar sus importantes empresas agrícolas y comerciales y que eso le había causado un daño considerable a sus intereses personales. El documento agregaba que la república no podía permitir que “pasaran inadvertidos los sacrificios económicos de tan ilustre patriota.” (ANCR, Congreso 1 048).

 

Esa moción del Congreso que pretendía recompensar a Mora por los logros económicos nacionales que presuntamente eran producto de su buena administración pública, sostenía además que él se había visto obligado a usar su capital personal para pagar por gastos imprevistos relacionados con los deberes presidenciales. En el documento se argumentaba que Costa Rica debía seguir el ejemplo de otros países que asignaban a sus gobernantes una suma proveniente del tesoro público para cubrir gastos extraordinarios. La moción añadía que en esos países los gobernantes no tenían obligación de rendir cuentas sobre la forma como gastaban ese estipendio porque ese usualmente se destinaba a llevar a la práctica medidas para conservar el orden y la tranquilidad y que esas eran materias confidenciales. (ANCR, Congreso 1 048) Este comentario proporcionó un argumento muy conveniente para evitar que Mora rindiera cuentas sobre la utilización que le dio a las considerables cantidades de dinero que recibió como gastos extraordinarios durante la década de 1.850.

 

En efecto, el Congreso emitió un decreto el 1º de julio de 1.852 otorgándole a Mora 3.000 pesos para gastos extraordinarios y declarando que en lo sucesivo ese estipendio debía ser fijado cada año. Al año siguiente, en junio de 1.853, el Congreso declaró que había resuelto otorgarle a Mora un aumento de 2.000 pesos porque su salario no había sido incluido dentro de las disposiciones que habían incrementado los salarios de los otros funcionarios públicos en 1.852. Así, por esa disposición el salario anual de Mora aumentó de 3000 a 5000 pesos. (Leyes y Decretos, vol. 12) La moción que propuso el aumento, dando muestras nuevamente de adulación hacia el presidente, señaló que la “delicadeza y el tacto” de Mora le habían impedido autorizar un incremento para sí mismo. La propuesta alababa al gobierno enfatizando en que el aumento era necesario para darle al presidente “un testimonio de aprobación por su exacta administración de los asuntos públicos.” (ANCR, Congreso, 7493) Continuando con la práctica de atribuirle el estado de la economía nacional al mandatario, la moción reiteraba que Mora merecía un reconocimiento por la forma en la cual en los últimos tres años “habían florecido las rentas públicas, había prevalecido la paz interior y el gobierno había sido beneficioso para el país.” (ANCR, Congreso, 7493) Asimismo, el Congreso en otro documento aprobó un estipendio para Mora de 4.000 pesos para gastos extraordinarios para el año 1.853. (Leyes y Decretos, vol. 12)

 

El que la cantidad asignada para gastos extraordinarios creciera muy rápidamente en un período corto es otra indicación de que este estipendio estuvo destinado a servir propósitos diferentes a los expresados en el Congreso. Los gastos extraordinarios aumentaron de 4.000 a 6.000 pesos en 1.854 y esa última cantidad fue estipulada para 1.855. Sin embargo, en 1.856 el Congreso aumentó el estipendio a 10.000 pesos declarando que la guerra en Nicaragua había impuesto crecientes demandas para la protección de la integridad territorial del país. Esa misma cantidad fue aprobada en 1.857 para gastos extraordinarios del presidente porque el Congreso consideró que la guerra en Nicaragua continuaba siendo una seria amenaza para la soberanía de Costa Rica. Los fondos asignados a Mora en 1.858 se redujeron a 8.000 pesos pero al año siguiente, en 1.859, fueron aumentados de nuevo a 10000 pesos. (Leyes y Decretos, vols. 13-16) Por lo tanto, Mora empezó su período de gobierno a fines de 1.849 ganando un salario anual de 3.000 pesos. Cuando fue derrocado en 1.859 Mora tenía un ingreso anual de 15.000 pesos el cual era la combinación de su salario con el estipendio para gastos extraordinarios. Es decir que durante los años en la presidencia sus ingresos aumentaron en un quinientos por ciento.

 

3. Las Consecuencias Económicas y Políticas de la Campaña Nacional (1.856-1.857)

 

Aunque desde el punto de vista de las necesidades públicas no hubo una base firme para otorgarle a Mora un estipendio para gastos extraordinarios, las condiciones fiscales favorables que prevalecieron durante la primera mitad de la década de 1.850 hicieron posible el pago de ese y de su alto salario sin imponer una carga demasiado pesada sobre el tesoro público. La situación del erario público, sin embargo, cambió como resultado de la decisión de Mora de involucrar a Costa Rica en la guerra que se estaba peleando en Nicaragua contra el filibustero estadounidense William Walker. Esta cruzada por la defensa de la soberanía de Costa Rica resultó muy cara para el país. Ciertamente, las campañas militares en un período de pocos meses agotaron 1os recursos de lo que hasta entonces había sido un tesoro público solvente.

 

La guerra contra las tropas de Walker marcó un punto decisivo en la administración Mora porque alteró significativamente el curso de los asuntos internos de Costa Rica. Durante más de un año las prioridades del gobierno giraron en torno a la defensa nacional en tanto que fueron descuidados otros aspectos importantes de la administración pública. Asimismo, la guerra es importante también porque marcó el principio de la descomposición de la combinación de elementos que anteriormente habían propiciado el ascenso de Mora a la presidencia. El rompimiento del consenso político entre los cafetaleros y comerciantes respecto a Mora comenzó cuando él siguió adelante con sus planes de lanzar un ataque ofensivo contra Walker en 1.856. Mora involucró a Costa Rica en una confrontación militar en contra de la opinión de la mayoría de los principales miembros de la elite.

 

La mayoría de las figuras más destacadas del país estuvieron en contra de la idea de un ataque ofensivo contra Walker porque consideraron que Costa Rica no tenía recursos económicos suficientes para financiar una guerra en el extranjero. Estas personas también tuvieron reservas acerca de las capacidades de Mora para dirigir tal empresa debido a su falta de entrenamiento y de experiencia militar. Estos miembros de la elite también se opusieron a la guerra porque temieron que esa alejaría de las actividades productivas a la ya escasa mano de obra y podría tener otras consecuencias impredecibles.

 

El gobierno, sin embargo, organizó las tropas para marchar a la frontera norte ante el creciente peligro de una invasión por parte de los ejércitos filibusteros. Los preparativos para las campañas militares en Nicaragua, tal y como lo anticiparon algunos miembros de la elite, requirieron de la imposición de dos empréstitos nacionales para aumentar los recursos del tesoro público. Mora, en efecto, en febrero de 1.856 emitió un decreto imponiendo un empréstito forzoso de 100.000 pesos sobre los residentes de las cuatro ciudades principales. San José debió contribuir con 45.000 pesos, Cartago y Heredia con 20.000 pesos cada una y Alajuela con 15.000 pesos. Mora nombró en cada ciudad una comisión de cinco personas para hacer una lista de los individuos que tendrían que pagar la contribución y determinar el monto de las contribuciones de acuerdo con el ingreso de cada persona. Los individuos que fuesen escogidos para pagar debían hacerlo dentro de un período de un mes. En caso de que no pagasen se les obligaría a dar el doble de la cantidad establecida y perderían el derecho a recibir intereses sobre su dinero. Un segundo empréstito forzoso por 50.000 pesos fue impuesto a fines de abril de 1.856. (Obregón Loría, 1.976: 70) Los empréstitos internos generaron descontento entre la elite no solo porque impusieron una contribución obligatoria sino también porque el gobierno al devolver lo prestado pagó con bonos en vez de dinero en efectivo. (Oficial, PAG. 18 1.861: 15) La movilización de las tropas hacia la frontera norte también interrumpió el desarrollo normal de las actividades económicas porque el gobierno forzó a los ciudadanos a proveer al ejército con alimentos, caballos y bueyes. El transporte de bienes, por ejemplo, fue afectado porque el gobierno confiscó carretas para trasladar tropas o armamentos.

 

Las desavenencias respecto a la guerra contra Walker y las consecuencias de esas campañas militares apartaron a varios de los hombres que habían estado entre los más fervientes partidarios de Mora durante sus primeros años de gobierno. Una de las separaciones más importantes fue la del Ministro de Hacienda, Manuel José Carazo. El fue una de las personas que insistió que la guerra contra Walker demandaba capacidades mili tares de las que Costa Rica carecía. Carazo permaneció en su cargo durante el tiempo en que Mora y el ejército estuvieron en Nicaragua y recibió con mucho pesar las noticias que llegaban con respecto a número de muertos. Una fuente contemporánea cita a Carazo diciendo que él le había advertido a Mora ya todos los demás a su alrededor que la falta de preparación de Costa Rica para pelear una guerra en el extranjero daría como resultado una gran pérdida de vidas, pero que nadie le había puesto atención. (Obregón Loría, 1.976: 135) Carazo renunció en junio de 1.856, poco después de que Mora regresó de Nicaragua.

 

Si bien la guerra inició el distanciamiento de varios cafetaleros y comerciantes importantes de Mora y su gobierno, fue la crisis financiera que trajo consigo la Campaña Nacional lo que cambió radicalmente las condiciones de la fórmula política que había permitido realizar progresos importantes en el desarrollo del aparato estatal y en la expansión de la economía cafetalera. La guerra contra Walker y sus filibusteros, ciertamente, agotó los recursos del tesoro público y creó un déficit que retrasó, cuando no detuvo casi por completo, la puesta en práctica de puntos claves del programa de gobierno de Mora. El nuevo Ministro de Hacienda, Rafael G. Escalante informó al Congreso en 1.857 que la emergencia militar del año anterior había consumido la mayor parte de los recursos del tesoro público, había generado una deuda interna de casi 100.000 pesos y había impuesto nuevas cargas financieras sobre el gobierno. Escalante señaló que como resultado de la guerra los gastos del gobierno había aumentado al tener que pagar compensaciones a las viudas y las familias de los soldados muertos, y salarios e indemnizaciones a los milicianos.(ANCR, Congreso 5 158).

 

Esta difícil situación financiera nacional no fue de ninguna forma transitoria, por el contrario, continuó incluso después de terminar la administración Mora. Esto en razón de que a las causas de origen local de la crisis, el déficit antes mencionado, se le sumaron causas externas: la economía capitalista mundial entró en un período de grave recesión en 1.857. Esa recesión provocó la quiebra de bancos y casas comerciales no solamente en Inglaterra sino también en los Estados Unidos y en otros países europeos. (Clapham, 1.952: 368). La crisis en los países capitalistas centrales afectó de manera significativa la economía costarricense al provocar una baja en las exportaciones de café yen las importaciones. (Rodríguez Sáenz, 1.989: 99-100).

 

Un hecho muy importante para explicar los acontecimientos políticos de finales de la década de 1.850 fue el que Mora para ese momento no solamente estaba enfrentando problemas para administrar un país con un tesoro público agotado y que empezaba a sentir los efectos de una crisis externa, sino que además se encontraba en apuros económicos en el plano personal. Esto con el agravante de que las condiciones críticas del tesoro nacional le impidieron a Mora recurrir a la práctica de utilizar los fondos públicos para cubrir sus principales obligaciones personales de crédito. Clara indicación de las dificultades de Mora para hacer uso de los fondos públicos como anteriormente fue la venta en 1.857 de dos de sus haciendas de café más grandes ubicadas en Pavas con el objeto de pagar a sus acreedores extranjeros. (Lara y Chamorro, 115). Esa situación tuvo consecuencias políticas importantes porque Mora, obligado por sus propios problemas financieros, empezó a excluir a otros miembros de la elite de las ganancias derivadas de actividades relacionadas con el gobierno por medio de una creciente arbitrariedad y corrupción. Eso trajo consigo choques de intereses entre Mora y algunos miembros de la elite, aceleró la ruptura del consenso político y preparó el terreno para el golpe de Estado de 1.859.

 

4. Los Conflictos de Intereses dentro de la elite

 

El incorporar factores de carácter económico en el análisis de las causas que llevaron a la caída Mora, permite ofrecer una nueva perspectiva sobre los hechos que tradicionalmente se han señalado como responsables de ella. Esa nueva óptima hace posible ver que lo que se conoce en los textos de historia como la "conspiración de Tinaco e Iglesias" constituyó uno de los primeros conflictos de intereses serios entre Mora y miembros de la elite que habían estado muy cerca de él unos años antes. El incidente, que se produjo en 1.856, involucró a los concesionarios de la Fábrica de Licores, Saturnino Tinoco López y Francisco María Iglesias Llorente, y giró en torno a las ganancias y pérdidas derivadas de la producción de licores. A mediados de 1.856, Tinoco e Iglesias solicitaron al gobierno una auditoria de la cuenta de licores porque consideraban injusto que se les cobraran multas por supuestos atrasos en el cumplimiento del contrato cuando no estaba completamente claro cual había sido la cantidad de licores entregada. En otras circunstancias, Mora probablemente hubiese adoptado una posición más flexible, sin embargo, en esos momentos estaba más interesado en reunir la mayor cantidad de recursos en el tesoro público para financiar la guerra contra Walker y para otros gastos. Por lo tanto, no solo no aceptó la petición Tinoco e Iglesias, sino que ordenó que se les suspendiera el pago del licor ya entregado. (Fallas, 1.988: 69- 70). Esto causó un gran disgusto a Tinoco e Iglesias y los llevó a intentar organizar un golpe de estado para derrocar a Mora. Al descubrirse la conspiración Tinoco e Iglesias fueron obligados a salir del país y establecerse en Guatemala, lugar donde permanecieron hasta que Mora abandonó el gobierno.

 

Otro conflicto de intereses económicos que tuvo importantes consecuencias políticas giró en torno a un reclamo que le planteó Mora a su antiguo socio de negocios, Vicente Aguilar, quien era uno de los miembros de la elite más acaudalados. En 1.857, coincidiendo con la crisis fiscal y sus problemas financieros personales, Mora empezó a preparar un juicio contra Aguilar. Mora planeaba exigir el pago de 100.000 pesos por daños y perjuicios sufridos casi diez años antes por una supuesta malversación de fondos por parte de Aguilar en la sociedad comercial que ambos tuvieron entre 1.842 y 1.848. En relación con este juicio, las obras históricas que han idealizado la figura de Mora, han tendido a favorecer su posición presentado a Aguilar como una persona vengativa que ante los legítimos reclamos de su antiguo socio, planeó su derrocamiento para librarse de sus obligaciones. Si bien es cierto que la demanda provocó el distanciamiento entre estas dos personas que años antes habían tenido buenas relaciones, en realidad, esa fue producto de un abuso de poder por parte de Mora orientado a salir de sus apuros financieros a costa del capital de Aguilar.

 

Generalmente se ha señalado que el hecho que Aguilar le propusiera a Mora que llegaran a un acuerdo extrajudicial sobre la demanda constituyó una muestra de su culpabilidad. Sin embargo, Aguilar reconociendo su posición de desventaja, lo que quiso fue tratar de ahorrarse el alto costo de un juicio largo del que probablemente no saldría bien librado; Aguilar le ofreció a Mora entregarle 60.000 pesos como compensación por las pérdidas sufridas por el primero al liquidarse la sociedad en 1.848. Como Mora rechazó esa suma, Aguilar le ofreció aumentarla a 80.000, la cual tampoco fue aceptada. Mora finalmente aceptó llegar a un arreglo cuando Aguilar le ofreció 100.000 pesos de compensación.

Así en diciembre de 1.857, Mora y Aguilar firmaron un documento dando por solucionada la disputa. Mora iba a recibir la compensación en varios pagos para lo cual Aguilar debió comprometer algunas de sus principales fuentes de ingresos. Entre ellos estaban 15.000 pesos provenientes de la venta de dulce a la Fábrica de Licores y 36.000 pesos de la venta de tabaco a la Factoría de Tabacos, así como 20.000 pesos derivados de la venta de café de una de las haciendas de Aguilar. Satisfecho con el acuerdo al que llegó con Aguilar, Mora declaró en el documento de la transacción que estaba convencido de que su antiguo socio nunca alteró los libros de contabilidad para malversar los fondos de la compañía. Esa declaración señalaba que lo que había ocurrido fue que Aguilar había reconocido las grandes pérdidas que Mora había sufrido como el socio encargado de pagar las deudas de la compañía una vez que se disolvió la sociedad. Esas pérdidas se originaron en la caída del precio del café y de otras mercancías enviadas a Chile con el producto de cuyas ventas Mora debió cancelar los créditos que quedaron pendientes al disolverse la sociedad. (Argüello, 1.942: 1 85-186)

 

Al parecer nunca hubo ninguna base legal que hiciera a Mora acreedor de una compensación puesto que las pérdidas que ese alegaba haber sufrido se originaron en la mala administración de sus negocios particulares y no en el pago de deudas contraídas por la compañía. (Streber, 1.942: 252-253) Clara indicación de que Aguilar actuó obligado por las circunstancias fue el hecho que cumplió con los pagos estipulados en el arreglo mientras Mora estuvo en la presidencia. Sin embargo, poco después del derrocamiento de Mora, Aguilar suspendió los pagos y pidió a un juez que declarara nulo el documento de arreglo de la disputa alegando que su antiguo socio usó sus amplios poderes presidenciales para obligarlo a firmar ese documento. Aguilar además planteó una demanda contra Mora por 120.000 pesos como compensación por los perjuicios sufridos a raíz del arreglo que se vio forzado a aceptar. (Argüello, 1.942: 188-190) La muerte de Mora en 1.860 y la de Aguilar en 1.861 dejó en manos de sus herederos el poner fin a ese asunto que tuvo tantas consecuencias.

 

La creación de un banco emisor que abrió sus puertas a principios de 1.858 fue otro asunto que generó conflictos entre varios miembros de la elite y el gobierno. El fin primordial perseguido al establecer el banco fue el de solucionar la crisis fiscal que enfrentaba el gobierno y contribuir a contrarrestar la escasez de capital que ya se empezaba a sentir como consecuencia de la baja en las actividades de exportación e importación. Las obras sobre este período señalan que la creación del banco fue uno de los factores claves en el derrocamiento del gobierno de Mora porque ese vino a afectar los intereses de quienes controlaban el crédito y practicaban la usura. (Villalobos, 1.981: 45-46) Asimismo, se apunta que los cafetaleros y comerciantes se alarmaron ante la posibilidad de que Mora, utilizara su poder casi absoluto para controlar el banco y los excluyera de sus posibles beneficios.

 

Efectivamente, la iniciativa de Mora de firmar un contrato entre el gobierno y un particular, Crisanto Medina, un comerciante argentino radicado en Costa Rica, para establecer la institución emisora con el nombre Banco Nacional, generó gran desconfianza entre algunos miembros de la elite. Muestra del rechazo al proyecto del banco fue que la invitación para comprar acciones en él y crear así su capital inicial, solo fue aceptada por un escaso número de personas. La mayoría de los miembros de la elite en capacidad para invertir en el banco se mostraron renuentes a participar en una empresa en la cual Mora, por medio del gobierno, podría disponer del capital a voluntad. Asimismo, estas personas recelaban el que Medina, el inversionista privado no fuera un miembro de su círculo.

 

Si bien esos fueron factores que explican el que el banco tuviera una vida muy corta, hay otros que no han sido analizados con anterioridad y que son muy importantes para comprender las implicaciones económicas y políticas de su creación. Uno de esos factores fue que el fracaso del banco se debió mayormente a causas externas relacionadas estrechamente con la crisis que en ese momento experimentaba la economía capitalista. En efecto, la participación del gobierno como accionista del banco se vio frustrada por la quiebra de la casa comercial inglesa de John Carmichael. Esta casa establecida en Liverpool cerró sus puertas, como muchas otras más, a consecuencia de la fase recesiva en la que entró la economía capitalista en 1.857. Desafortunadamente para el gobierno de Mora, poco antes de la quiebra de la firma Carmichael, Medina había depositado allí la letra de cambio de un préstamo que el gobierno de Perú le había otorgado al de Costa Rica. El gobierno iba a utilizar esa letra para establecer el capital inicial del banco. Medina le endosó la letra de cambio a la firma de Carmichael porque el había conseguido interesar a esa casa para que comprara acciones en el banco. La quiebra de la firma Carmichael significó la pérdida de dinero proveniente del préstamo.

 

El compromiso de la casa comercial Carmichael de invertir en el Banco Nacional invitó a algunas personas a participar en la compra de acciones porque eso le daba más solidez a la institución y prometía ciertos beneficios adicionales. Este último elemento contribuye a explicar el que entre los pocos inversionistas del banco se encontrara la firma Tinoco y Compañía. Los socios de esa firma fueron Saturnino Tinoco y Francisco María Iglesias, que, como se indicó anteriormente, habían tenido serias diferencias con Mora y se vieron obligados a abandonar el país. Pese a ello, por medio de sus apoderados, Tinoco e Iglesias compraron acciones en el banco y además firmaron un contrato con la casa Carmichael comprometiéndose a pagar 50.000 pesos a Medina como parte del valor de las acciones que la firma inglesa iba a comprar en el banco. Tinoco & Compañía asumió ese compromiso en razón de que la firma tenía una deuda considerable con la casa Carmichael proveniente de la importación de mercancías y adelantos de dinero en efectivo sobre futuras ventas de café.(Fernández, 1.868-1.870, 3!1 folleto: 7 -9).

 

El contrato firmado entre Tinoco & Compañía y Carmichael era beneficioso para la primera

porque le permitiría a la firma pagar en pesos la deuda contraída en libras esterlinas. Sin embargo, lo que prometía ser un arreglo ventajoso se convirtió en una carga al quebrar la casa Cannichael. Cuando eso ocurrió Tinoco y Compañía rechazó el compromiso adquirido con Medina. Este, interesado en recuperar parte del capital del banco para que ese pudiese iniciar sus operaciones, reclamó el pago por la vía legal y por lo tanto planteó un litigio contra Tinoco y Compañía. Ese litigio contribuyó de manera muy importante al derrocamiento de Mora pero no, como se afirmado con frecuencia, porque Mora usó su poder para favorecer a Medina y con ello indispuso a la elite, sino porque los socios de Tinoco y Compañía buscaron deshacerse de su compromiso financiero. La documentación existente sobre este juicio permite establecer la validez del compromiso financiero asumido por Tinoco y Compañía con Medina, aunque los socios de la firma no lo quisieran aceptar después. De manera que la reacción de la elite ante creación del banco no fue tanto el resultado de la protesta por ruptura del monopolio que ejercían sobre el crédito usurario, como de las desavenencias ocasionadas por un negocio que acarreó más pérdidas que ganancias. Así, los socios de la firma Tinoco y Compañía no descansaron hasta ver a Mora fuera del poder y hasta lograr que el nuevo gobierno anulara el resultado del juicio que habían perdido contra Medina y que se les autorizara el pago de una compensación por sus pérdidas en el negocio del fallido banco. En el fondo el más afectado fue siempre el tesoro público. (Fallas, 1.988: 90-95).

 

5. El Golpe de Estado de 1.859: La Ruptura del Consenso

 

La línea que separaba el consenso político del conflicto dentro de la elite fue muy delgada cuando estaban en juego importantes asuntos económicos. Sin embargo, los conflictos políticos de los cafetaleros y comerciantes en la segunda mitad del siglo diecinueve, no importa cuan graves hayan sido, nunca evolucionaron hacia guerras civiles sangrientas y prolongadas y usualmente no fueron resueltos por medios violentos tales como la aplicación de la pena de muerte. Por lo tanto, el fusilamiento de Mora marcó una desviación tan radical de las formas usuales en las que la elite resolvía los conflictos políticos que obligó al gobierno de su sucesor, José María Montealegre, a publicar en 1.861 el folleto Exposición histórica de la revolución de 15 de septiembre de 1.860 (Oficial, 1.861) para explicar las causas de ese. La necesidad de justificar el fusilamiento de Mora fue motivada también por las fuertes reacciones que produjo la noticia de su muerte en los otros países centroamericanos. Allí muchas personas recibieron la noticia con gran sorpresa y condenaron el hecho porque Mora era considerado como el más grande defensor de la soberanía de Centroamérica y como tal no merecía tener ese final.

 

En el folleto antes mencionado queda claro que la obstinación de Mora por recuperar la presidencia obligó a la administración Montealegre a tomar la decisión de castigar su intento de invasión con la pena de muerte. Mora marcó la excepción a las reglas del juego político. En efecto, los cambios en el gobierno en la segunda mitad del siglo diecinueve en Costa Rica solamente significaron la transferencia del poder de un grupo de principales cafetaleros y comerciantes a otro. Esos cambios fueron aceptados sin mayor oposición por los principales cafetaleros y comerciantes porque representaban únicamente una alternancia en el control del gobierno que se daba dentro de un círculo de personas relativamente pequeño. Esa situación dejaba abierta para el presidente depuesto la posibilidad de volver a ejercer un cargo público en un futuro ya fuese en el poder ejecutivo, legislativo o judicial cuando las fuerzas del juego político le fueran favorables nuevamente. Este fue un elemento clave que facilitó la rápida organización del nuevo gobierno. Una vez que habían sido nombradas las nuevas autoridades, ellas empezaban a cumplir sus tareas y las cosas regresaban a la normalidad aún cuando el gobierno anterior hubiesesido depuesto por un golpe.

 

En el caso del derrocamiento de Mora, el documento titulado Exposición de los motivos del cambio político acaecido en 14 de agosto de 1.859 (Oficial, 1.860) justificó el golpe de estado señalando que las arbitrariedades y los demás abusos de poder del depuesto presidente habían sido tolerados con la esperanza de que esos terminarían al concluir su período de gobierno. Sin embargo, continuada señalaba el documento, Mora dio muestras de que no estaba dispuesto a abandonar la presidencia al terminar su segunda administración. Se argumentó que, prueba de lo anterior fue la fraudulenta reelección de Mora para un tercer período en abril de 1.859. El documento enfatizaba que ese fraude electoral hizo necesario romper el orden constitucional con un golpe de estado para poner un límite a las ambiciones políticas de Mora. Así, en la madrugada del 14 de agosto de 1.859 los comandantes de los dos cuarteles de San José, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, dirigieron el levantamiento contra el gobierno de Mora.

 

Las medidas adoptadas por Mora para fortalecer el ejército con el objeto de que protegiera al ocupante de la silla presidencial se tornaron en su contra al final de su administración. La decisión de concentrar la mayoría de las armas y municiones en los dos cuarteles de la capital facilitó la tarea de obligar a Mora a abandonar la presidencia por la fuerza. Los esfuerzos por fortalecer en ejército durante la administración Mora lo transformaron en la década siguiente en un árbitro importante de la política nacional. Blanco y Salazar se convinieron en figuras claves en los momentos de conflicto dentro del grupo cafetalero y comerciante porque con su influencia en las fuerzas armadas inclinaron la balanza del juego político en favor de una u otra facción de la elite dirigente.

 

Inmediatamente después del golpe, Mora pareció haber aceptado que había perdido por completo el apoyo de la elite y que su derrocamiento era un hecho irreversible. José María Montealegre asumió el poder en calidad de presidente provisional y en octubre de 1.859 la asamblea constituyente empezó a redactar una nueva constitución. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una transferencia sin mayores obstáculos ni conflictos del control del gobierno de una facción de la elite a otra, dio origen a una seria crisis política que causó la muerte trágica Mora y de otros costarricenses. La crisis política de los años 1.859 y 1.860 surgió porque Mora nunca se resignó a la pérdida del control del gobierno.

 

Varios días después del golpe Mora cambió la actitud resignada que había mostrado inicialmente. Poco después de abordar en Puntarenas un barco que lo iba a llevar al exilio en El Salvador, Mora hizo una proclama dirigida a los gobiernos extranjeros alegando que había sido víctima de una conspiración y comenzó a hacer acusaciones contra algunos miembros de la elite, entre ellos Vicente Aguilar. A partir de ese momento Mora se dedicó planear una invasión para retomar el poder.

 

6. El Fusilamiento de Mora: Una Excepción a la Regla

 

La obstinación de Mora por recuperar la presidencia obligó al gobierno de Montealegre a poner en práctica todos los mecanismos que tenía la élite cafetalera y comerciante para reconciliar sus discrepancias internas. Los cafetaleros y comerciantes constituían una clase social formada por unas veinte familias cuyos miembros estaban vinculados estrechamente por lazos de parentesco, de amistad y de negocios. (Gudmundson, 1.982: 90-91 ) Los miembros de las principales familias de la sociedad costarricense de mediados del siglo diecinueve fueron en su mayoría descendientes de la elite colonial que consolidaron su poder político y económico luego de la expansión de las exportaciones de café. Esas características de la elite costarricense contribuyeron de manera importante al hecho que sus miembros no tuviesen inclinaciones por los escándalos políticos y que se rehusaran a castigar a algún miembro de su propio grupo. En efecto, el parentesco y los otros vínculos que ligaban a los miembros de la elite mitigaron los antagonismos políticos y en consecuencia facilitaron la reconciliación de las facciones contendientes después del derrocamiento de un gobierno. Esta situación explica la relativa estabilidad política de Costa Rica en la segunda mitad del siglo diecinueve.

 

En el caso del gobierno de Mora varios de los principales miembros de la elite habían participado activamente en la administración de los asuntos públicos, especialmente durante los primeros seis años. El resto del círculo de los principales cafetaleros y comerciantes había tolerado los abusos de poder de Mora en tanto beneficiaron al grupo en general y no solo a una camarilla como al final de su gobierno. De manera, que una vez que Mora fue obligado a dejar de la presidencia no se censuró su conducta política. Eso hubiese significado condenar una conducta política que la elite había condonado mientras no se afectaran negativamente sus intereses.

 

Un aspecto muy interesante de esta tendencia de la elite de promover la reconciliación en lugar de las persecuciones y las represalias después un golpe fue la correlación que se estableció y se enfatizó entre esa conducta política y las características frecuentemente exaltadas del pueblo costarricense. El golpe de estado de 1.859 y el fusilamiento de Mora en 1.860 fueron presentados como dos eventos excepcionales que eran contrarios a la naturaleza ya las costumbres pacíficas de los costarricenses. Estos dos hechos fueron descritos como ejemplos deplorables en los cuales la violencia política había prevalecido sobre los intentos de conciliación entre dos facciones contendientes. Se enfatizó en que la administración Montealegre había hecho frente a la conducta de Mora después del golpe “con la tolerancia que distingue la conducta de los habitantes del país.” Esta tolerancia, según los folletos publicados por el gobierno, provenía del amor que tenían los costarricenses por el orden y la paz. De acuerdo con esas fuentes, la incapacidad de Mora de conformarse con su suerte política, puso a prueba la tolerancia, prudencia y moderación que gobernaban el comportamiento de los costarricenses.

 

El empeño de Mora de retomar al poder, ciertamente, obligó a la elite a quebrantar muchas de las reglas que gobernaron sus relaciones como clase dominante. Efectivamente, para septiembre de 1.860 cuando Mora y sus parientes cercanos desembarcaron en Puntarenas para dirigir un fallido levantamiento contra Montealegre, al gobierno se le había acabado la tolerancia. Después de más de un año de inestabilidad política originada en los constantes rumores de invasiones y rebeliones, ya no era posible para el gobierno tratar a los incursores con indulgencia. Así, el panfleto de 1.861 declaró que después de catorce meses de magnanimidad y moderación era imperioso actuar con energía y determinación con respecto a Mora. En consecuencia, el gobierno ordenó la suspensión de las garantías constitucionales y dio un decreto poniendo fuera de ley a Mora y sus partidarios. En virtud de esas órdenes Mora se transformó en un traidor a su patria cuando desembarcó en Puntarenas. La explicación de los hechos que llevaron al fusilamiento de Mora enfatizaron que no había sido necesario formar una corte marcial para juzgarlo. El ya se había condenado a sí mismo porque la constitución establecía que el acto por alta traición debía ser castigado con la pena de muerte. (Oficial, 1.861: 70- 72).

 

A pesar de lo justificado que pudo haber sido el fusilamiento de Mora, el gobierno de Montealegre sintió la obligación de explicarlo. Esta explicación, contenida en el folleto publicado en 1.861, da inicio haciendo énfasis una vez más en que el pueblo costarricense no era cruel ni sanguinario por naturaleza. Al contrario, decía el folleto, los costarricenses tenían instintos pacíficos y costumbres moderadas e industriosas. Continuaba diciendo que sin embargo había algunos casos en los cuales motivos poderosos obligaban a los costarricenses a apartarse momentáneamente de sus costumbres pacíficas. Según el gobierno, la obstinación de Mora por recuperar el poder por la fuerza constituyó una de esas escasas ocasiones en las cuales la violencia tuvo que ser aplicada para suprimir la violencia. (Oficial, 1.861: 76)

 

Es interesante notar que a pesar de que Mora en su obsesión por recuperar el gobierno creó un clima de intranquilidad política que llevó a un breve enfrentamiento armado entre hermanos, la elite al momento de su muerte no expresó resentimientos ni odio hacia él sino un sentimiento de compasión. El folleto publicado en 1.861, por ejemplo, señalaba que en él se discutían los fusilamientos de Mora y de José María Cañas con el respeto que exigía la memoria de dos personas qué en el pasado habían ocupado un lugar distinguido en la vida política del país. Este folleto señalaba que Mora cayó víctima de su propia ceguera y desviaciones, y que en su búsqueda ilegítima del poder solo había encontrado su muerte. Mora, agregaba el folleto, “expió en el cadalso el extravío que lo arrastró oponiéndose a la corriente irresistible de los acontecimientos.” (Oficial, 1.861: xi) Esa misma fuente señaló que el sacrificio de la vida de Mora "fue una lección triste pero severa que los pueblos en sus días de febricitación dan a los hombres que persisten en mantenerlos bajo su servidumbre.” (Oficial, 1.861: xii).

 

7. Conclusión

 

La ruptura del consenso dentro de la elite que llevó al derrocamiento y fusilamiento de Mora se dio solamente en relación con sus abusos de autoridad que afectaron los intereses de otros cafetaleros y comerciantes. El programa para crear la infraestructura para el desarrollo de la economía de exportación no fue de ninguna manera motivo del conflicto intraoligárquico de finales de la década de 1.850. El derrocamiento de Mora significó solamente una crisis temporal en las relaciones internas de la elite cafetalera y comerciante, una de las varias crisis que se presentaron en la segunda mitad del siglo diecinueve. Estas periódicas pero breves crisis lejos de debilitar la hegemonía de la elite gobernante, la fortalecieron. Fueron períodos de acomodo y restablecimiento del equilibrio entre la consecución de las metas personales de los hombres en el gobierno y las de la elite en general.

 

El derrocamiento de Mora marcó una de esas interrupciones temporales del “Orden y Progreso” que fueron en realidad ajustes realizados del camino hacia la consolidación del Estado nacional y de la economía agroexportadora.

 

Así, el análisis de los casi diez años de gobierno de Juan Rafael Mora desde la perspectiva del proceso de consolidación del estado nacional permite valorar el aporte de esa administración a la formación de las instituciones políticas de Costa Rica. Por otra parte, el estudio de la conducta de la elite cafetalera y comerciante en relación con los sucesos que llevaron al trágico final de la carrera política de Mora hace posible una mejor comprensión de las pautas que rigieron las relaciones entre los miembros de la clase dirigente y sus consecuencias sobre la vida política de Costa Rica del siglo diecinueve.

 

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